La solidaridad pública es uno de los valores con los que se construyen los cimientos de la sociedad democrática. No sólo es uno de ellos, sino que está en la misma fundación de la democracia de Pericles. Atenas no es Esparta y no es Persia porque, a diferencia de estas, las gentes deciden en la plaza las cosas importantes de la vida colectiva, porque los cargos se sortean, y si te toca te aguantas pero Atenas te paga el año perdido de cosecha, y porque si tus mayores mueren defendiendo la ciudad, esta te va a costear comida y alojamiento tanto tiempo como te haga falta. Y para seguir siendo así se defienden de otros cuando les quieren conquistar y cambiar su ley. Todo esto es la expresión, quizá más pura por primera y original, de todo lo que desde entonces ha venido complicándose y retorciéndose bajo el nombre de solidaridad.

Es tan fundamental, que es en realidad aquello a lo que muchos aluden sin darse cuenta, o sin ser muy conscientes de ello, cuando se quejan de nuestras democracias a causa de que estas, a su parecer, consisten solamente en acudir a una urna cada cuatro años. «Habría que hacer algo más, vivir mejor la democracia»: y con ello, a continuación, suele venir una cascada de propuestas «democráticas» que, examinadas con calma, muestran que su verdadera naturaleza es la de una acción de solidaridad. Es casi un reflejo: la democracia será «más rica» o «más verdadera» si a esas urnas aburridas une acciones de solidaridad.

Por eso es importante ser rigurosos con las acciones de solidaridad pública, y exigir que estas sean tales, y no algunas de las formas equívocas o confusas que provienen de otros ámbitos.  Todos conocemos lo frecuentemente que se confunden la solidaridad privada o emotiva con la política. No se puede soslayar que, cuando eso sucede, las acciones de solidaridad dejan de ser útiles a la democracia, del mismo modo que no son útiles a la democracia las acciones de limosna o de protección personal a un desconocido en la intemperie.

Estas caridades son ciegas, gratuitas e incondicionadas; pero la solidaridad política no puede serlo.

Sólo si las acciones de solidaridad política se llevan a cabo con publicidad, con reciprocidad y con precisión tienen consecuencias democráticas positivas.  Las acciones de solidaridad privadas, personales, indiscriminadas o incondicionadas no sólo no ayudan a sostener y a desarrollar la sociedad democrática, sino que a menudo la deterioran, porque fomentan la dependencia y la pasividad de los objetos de solidaridad y producen deficiente comprensión del compromiso que ambas partes contraen.

Cuando un cargo público, o una persona con suficiente poder como para aspirar a serlo, propone acciones solidarias emotivas, personales y caritativas, y lo hace en público como consecuencia de su cargo o de su postulación, está malversando ese poder que la democracia le ha otorgado. Quién no se va a unir a facilitar la alimentación de las poblaciones afectadas por la guerra, o al abasto de material y acciones sanitarias para las zonas y las personas dañadas: pero eso es solidaridad personal. Puede que coincida con la solidaridad pública sólo si se celebra el debate adecuado y riguroso que es necesario, y se llega a la conclusión de que el poder democrático debe proporcionar esa solidaridad. Pero hasta ahí sólo puede ser calificado de erróneo, si es que es sólo un error, llevar la solidaridad de la que es capaz un cargo político, o una oficina política o un gobierno, con criterios de «humanitarismo» de esos de los que nadie en su sano juicio renegaría en lo personal. Desde luego, arrima el hombro en lo personal lo que te dé la gana (pero atrévete a llamarlo caridad), pero déjate de retóricas elevadas para justificar tu acción, y sobre todo de retóricas políticas. Debería estar claro para todos que la vía de la conducta personal y la vía de la conducta pública muy rara vez pueden coincidir sin crear averías en la sociedad democrática. La solidaridad de un gobierno democrático tiene que ser hacia las sociedades y los gobiernos democráticos. Las personas que lo componen pueden, si les da por ahí, entregar todo su sueldo a acciones de solidaridad personal  hacia quienes no son ciudadanos de sociedades democráticas; y desde puntos de vista ajenos a la política puede ser, desde luego, una acción encomiable. Pero intentar hacer pasar como solidaridad democrática, con los poderes, los presupuestos y el alcance de un gobierno, lo que no es más que un gusto o una pulsión personal es un error del que con toda seguridad van a deducirse consecuencias negativas.