Hay quien afirma que la preocupación por algo de sonido tan abstracto como «garantismo», tanto a favor como en contra, no es más que distracción de política de salón de reaccionarios (otros afirman que de progres). Quizá eso se dice  solamente por usar esa palabra. Pero, salvo que se viva aislado en una facultad universitaria o en un olimpo sindical o en un club deportivo, en la sociedad actual no es posible desconocer que se trata de una preocupación viva y muy presente en la mente popular, que de todo ello sólo entiende, y muy legítimamente, que el tipo que le robó el bolso por la acera hace dos días vuelve a pasear por el barrio, o que ese grupo de individuos que le ha okupado la casa no puede ser a su vez objeto de expulsión, porque eso vulneraría sus derechos, y eso sin citar los casos de distorsión más extremos de este garantismo tal como se han expresado en leyes que invierten la carga de la prueba en procesos de divorcio en cuanto el abogado de una parte introduce la sospecha de mal trato de género sólo con el objetivo de intoxicar el proceso y sacar réditos más fácilmente para su divorcianda clienta. La cultura popular, salvo para los incomunicados, rebosa de narraciones y de dolor causado por los excesos absurdos de un garantismo pésimamente aplicado, por lo menos en la misma medida en que hace décadas rebosaba de narraciones y de dolor por los excesos de la impunidad de las fuerzas de seguridad y por la indefensión muy palpable y nada abstracta en la que todos vivían. En cualquier circunstancia y en cualquier contexto asistimos a la expresión de la preocupación popular por la hipertrofia del garantismo, que se siente no como un progreso de la vida democrática, sino muy al contrario. Y puede que se trate de uno de los casos en los que un sentimiento popular es más perfectamente digno de ser atendido, porque se da y es expresado por los mismos que antes clamaban por la superación de aquella impunidad del poder que prácticamente no estaba dejando una sola familia sin heridas o abusos de imposible curación. Pero el mundo de lo oficial parece sordo y ciego a esta realidad, no se sabe muy bien por qué, o quizá porque en enorme medida obtiene rentas de esta hiperplasia entre demandas, querellas, fiscales, abogados, procuradores, diputados, senadores, recursos y expedientes, casi todo ello perteneciente a un submundo que se diría que está a salvo de ser perjudicado alguna vez por el garantismo mal aplicado. No hay documento ni estudio de ese mismo mundo al que poder acudir para conocer los perjuicios del garantismo hiperbólico. Sólo consta en la cultura popular, que lo refleja una y otra vez no de modo militante, sino como parte incorporada y ya normal de nuestras vidas, igual que la enfermedad o que la traición de pareja, y ya casi es un lugar común.

En la serie británica de televisión Blue Lights, de acción policial común en Belfast en 2023, una joven policía en prácticas da el alto por la calle a un conocido mafioso veinteañero al que acaba de ver pitufeando droga; el mafioso se vuelve y atiza a la agente un puñetazo frontal en la cara que le fractura la nariz; la compañera de esta hace un placaje al mafioso y lo tumba y lo esposa. Luego, el mafioso no sólo sale libre, sino que encausan a la primera policía: el matón alega que al darle el alto no citó adecuadamente la ley en virtud de la cual le daba el alto (no dijo «la ley número 20 del año tal»), y algo así como que creyó estar siendo asaltado; y presenta una  demanda en tribunales, además, porque al ser placado a continuación por la otra agente y caer, él por su lado sufrió un golpe en su cara contra el suelo. Estas escenas de un entretenimiento televisivo, que hace algunas décadas hubieran sido origen de escándalo político o pseudopolítico «por dar un retrato inexacto» de la situación, son en la actualidad casi rutinarias, como todo el mundo sabe y experimenta; aparecen en cualquier ficción popular de la actualidad («basada en hechos reales» o no: porque aunque no lo declare, estará basada en hechos reales conocidos por todos). Y así y similar a este, un caso tras otro tanto en la ficción de entretenimiento como en la realidad cotidiana. Al final, se han confeccionado frases hechas del estilo de «entran por una puerta y salen por otra» (del juzgado) que, por ser injustas al dejar de lado los casos en los que el rigor interpretativo legal no impide hacer justicia, suelen convocar más enemigos que adhesiones.

La policía está agarrotada en su quehacer fundamental: ¿de verdad era necesario llegar a ello sólo para asegurarse de no ser apaleado en cualquier detención, por importante o por trivial que fuera el motivo? En realidad, es un fenómeno equivalente al del ciudadano que es detenido y maltratado (pero no por la policía, sino por el juez, que es un tipo de maltrato que se ha heredado del pasado y sobre el que nadie se ha atrevido a pronunciarse, construido con desprecios y humillaciones verbales, con arrogancia, con ironías peyorativas, con suposiciones nunca favorables) sólo por defenderse de una agresión callejera devolviendo el empujón, y mucho más todavía en esos casos en que el habitante de una vivienda repele con violencia la entrada de un intruso violento, lo cual a menudo acaba en condenas de cárcel para el agredido e invadido, para escándalo de todos y para desprestigio de la justicia democrática.

En contra de lo que los menos filodemócratas sostienen, la justicia democrática debería defender contundentemente al ciudadano que es agredido en primer lugar, o al que es agredido en su propia vivienda por un intruso, y todos creen que eso no es lo más frecuente en la actualidad. Y eso sólo redunda en deterioro del aprecio por la institución básica y fundamental de la seguridad. Es absolutamente denigrante que incluso haya grupos delictivos internacionales, mafias, clanes y cárteles que optan por radicarse en España (o en Europa en general, pero en esta última época, al parecer, España encabeza el ranking) por las facilidades que los tribunales ofrecen para salir sin castigo, y por las cortapisas casi globales de la policía, en caso de detención.

Es muy claro que eso debilita una sociedad democrática, y quizá no principalmente porque entrega y desarma a su población inocente y leal a la ley, y sobreprotege al abusón. El proceso de la historia de la democracia nos ha traído hasta una época en la que esta democracia se asienta, mucho más que sobre otras, sobre la noción de la libertad segura. Según herencias culturales, tradiciones regionales y, según algunos, hasta zonas climáticas, las sociedades democráticas admiten variedades entre las que se apoyan más sobre los beneficios sociales y asistenciales, o menos sobre estos y más sobre la consulta política frecuente (como podrían ser los casos comparados de las sociedades nórdicas, hasta hace poco, y la suiza). Unas sociedades democráticas son más tolerantes con leves irregularidades en materia de moral sexual, y otras lo son en asuntos de, digamos, impuntualidad política. Hay, en fin, muy diferentes acordes y tonos menores y mayores y sostenidos y bemoles posibles. Pero hoy, quizá como la primera de las nuevas características de las sociedades aún por alumbrar del siglo XXI, hay una primera exigencia consolidada donde estas cosas deben estar consolidadas, que es en la mirada, la comprensión y la convicción de la población, y además independientemente de los niveles económicos, sociales y culturales: unas fuerzas de seguridad y de justicia que fallan se llevan todo por delante.

Y quizá no definitivamente todavía, pero sí en muchas ocasiones de un modo alarmante que tarda en despejarse hasta la recuperación de la serenidad, todos asistimos a estupefacientes acciones judiciales apoyadas en las más inconcebibles minucias del garantismo ilimitado, que producen en todos una sensación cercana a la antigua de indefensión ante las policías brutales y arbitrarias del pasado, pero ahora en sentido contrario: indefensión ante la delincuencia que, muchos sienten en esos momentos, está más protegida «por los jueces» que las gentes que cumplen con la legalidad (o que, sencillamente, se han defendido de esa delincuencia y no merecen castigos como los que a menudo se les propina). Sea esto injusto en cierta medida o no lo sea, lo cierto es que un solo caso de escándalo de asesino mafioso favorecido por un tribunal por no poderse demostrar que la policía «le leyó sus derechos» al detenerlo (o cualquier otra cuestión de detalle de picapleitos), tiene la potencia de un millón de casos, porque enseña que el siguiente perjudicado puede ser cualquier ciudadano leal que al pedir protección ante una agresión puede que hasta sea él el castigado.

Y esa desconfianza en la justicia, trabajada (a veces parecería que a conciencia) por los legisladores con las normas que confeccionan para entorpecer la confianza, sólo conduce a uno de dos lugares: o al imperio de la de la ilegalidad (y no es un juego de palabras: se deja atrás el imperio de la ley, porque se elige algunas leyes para que imperen, las garantistas, y se desdeña otras, las que  protegen al leal), o a la autonomía de la fuerza de seguridad respecto de los tribunales (es decir, la ruptura de la confianza en la más alta jerarquía democrática de las fuerzas policiales, y, en el peor de los casos, a la constitución de las llamadas patrullas ciudadanas).

Lo que algunos grupos políticos hacen al respecto, a veces sólo se puede explicar recurriendo a categorías casi noveleras de espías de los años de entreguerras del siglo XX, porque parecen obedecer a un programa concienzudo de destrucción de la confianza en la democracia, quién sabe para implantar qué régimen a continuación. Eso sí, los que propugnan el práctico agarrotamiento de las fuerzas de seguridad de pronto exigen que estas les protejan, cuando empiezan a ser víctimas de esa impunidad de ciertas delincuencias que frívolamente han apoyado hasta el momento. Esto es mucho más informativo de lo que parece a primera vista.

Sabotaje económico de las fuerzas de seguridad

Los partidarios de debilitar los regímenes democráticos avanzados por la vía de minar la confianza en las fuerzas de seguridad y en la institución de la justicia parecen a menudo personajes de cuento infantil, principalmente por su conducta caprichosa y narcisista.