Los significados de los términos seguridad y libertad son habitualmente deformados hasta sus antónimos en el discurso público, en contextos políticos, apolíticos, y hasta comerciales y triviales. Muchos se benefician de ello.

Por ejemplo, los más fanáticos y beneficiados de la seguridad proponen (y en ocasiones han conseguido) que la población acepte medidas que recortan sus libertades hasta extremos que incluyen, paradójicamente, que nadie viva seguro porque nadie sabe si el próximo detenido va a ser él mismo por haber ejercido sin darse cuenta una libertad de las recortadas; de modo que se camina por las calles como mirando entre las solapas levantadas de la gabardina a un lado y a otro, alerta ante la posible llegada de los guardianes de la seguridad. Probablemente hasta se han prohibido las gabardinas para garantizar la seguridad, porque ya se sabe que esas prendas favorecen con las solapas el ocultar la cara. Bajo las condiciones de una política de seguridad extrema, y perfectamente en contra de lo que dicen sus publicistas, lo primero que cae es la verdadera seguridad de los ciudadanos, que sólo pueden caminar inseguros ante esas medidas.

En cuanto a los fanáticos de cierta noción de libertad casi coincidente con aquella clásica anomia de las reflexiones antiguas, sucede que provocan lo equivalente a los anteriores: con la hegemonía de sus condiciones de libertad indefinida (y hay ejemplos en la Historia parciales y de cierta duración) lo que definitivamente van a perder los ciudadanos es la libertad misma de elegir el trayecto de su paseo porque, no habiendo normas colectivas a las que atenerse, nadie va a sentirse obligado a respetar ese paseo y, con toda seguridad, alguien lo va a alterar, o interrumpir o perjudicar por completo. Y eso por rechazar cualquier «norma de seguridad» en el altar del culto a una cosa que llaman algo irreflexivamente libertad, igual que los otros acaban rechazando cualquier comportamiento no regulado como si eso fuera sinónimo de insoportablemente libre.

Es evidente que ambas posturas no son más que puritanismos e intereses camuflados bajo unos u otros colores.

Pero ya hemos visto en muchas ocasiones hasta qué punto las posturas presentadas publicitariamente como enfrentadas son frecuente y secretamente amigas, y desde luego coinciden en sus fines. En este caso, ambas están de acuerdo en que no hay que detenerse ni un segundo en la tarea de poner en marcha acciones que sólo tienen como objeto el reducir la calidad o la profundidad o la intensidad de las democracias avanzadas. Unos querrían encarcelar a todo el mundo, al parecer; los otros querrían, a primera vista, que no se encarcelara a nadie. Sobrará discutir qué clase de democracia puede sobrevivir en cualquiera de esos casos; pero aun así sigue habiendo quien hace esas propuestas. Lo cierto es que poco después de hacerlas, y mucho más todavía si alguno de los agentes consigue puestos de poder, se desvelan como falsas, hipócritas y meras añagazas propagandísticas. Los primeros, quizá, porque dejan sin pudor en libertad a sus amigotes desfalcadores de las grandes empresas, por ejemplo; los otros, porque proponen sin decoro alguno cárceles y penitencias para cualquiera que opine diferente.

¿Merece la pena que nos ocupemos de ellos? Probablemente no más de lo que acabamos de hacerlo; pero ha sido necesaria su mención para no olvidar que entre ambas posturas (y cada una, por supuesto, con sus subdivisiones, sus escisiones y sus disidentes) construyen cooperativamente, casi como si tuvieran planos y presupuestos detallados, los cuatro cimientos de la debilidad de las democracias por lo que respecta a la seguridad y la justicia: la sobrecompensación de los errores del pasado en materia de seguridad incluyendo la hipertrofia del garantismo; el entorpecimiento de la acción de las fuerzas de seguridad por la vía del empobrecimiento económico; la propaganda de una interesada noción de libertad en la que no cabe la seguridad; y el fomento de acciones antidemocráticas como si fuera un uso legítimo de la libertad.

Sobrecompensación y garantismo

Roza casi el carácter de misterio el hecho de que, desde hace pocas décadas, y los historiadores del futuro podrán decir que súbitamente, surgió y se impuso en la mentalidad democrática la noción de que los malos tratos policiales, la tortura, la brutalidad y la coacción debían desaparecer. A pesar de que hoy mismo, en la mayoría de los países, siguen existiendo esos comportamientos, en las democracias avanzadas prácticamente se ha olvidado que hace no mucho en ellas también existían. Y las nuevas generaciones, criadas ya en los usos plenamente democráticos y, en lo policial, en el respeto exquisito a los derechos de los retenidos y detenidos, probablemente no pueden ni concebir en qué consistía aquel mundo y la certeza, en cuanto cualquier ciudadano era abordado por las fuerzas de seguridad, de que en las siguientes horas y días o semanas iba a sufrir todo eso. Las vidas rotas, lesionadas y deformadas para siempre por una detención policial quizá por un comportamiento en público que no había sido ni delictivo (o por llevar cierto libro o cierto periódico en las manos, o por llevar el pelo largo y no a gusto del agente, o por cualquiera de entre miles de causas: que es lo que define la arbitrariedad del poder) nunca entrarán en libro de Historia alguno, pero de ese modo esa Historia estará siempre carente de algo fundamental para comprender las sociedades. No es este, por supuesto, lugar para hacer una historia de la brutalidad histórica de las fuerzas policiales, pero sí de dejar mencionado que, contra lo que hoy extiende cierta propaganda, esa brutalidad quizá tuvo sus matices especiales en España, como todo en cada país, pero no era ni fue propia ni exclusiva de la dictadura franquista. Esta simplemente heredó lo que eran usos habituales anteriores (incluso gran parte del personal dedicado a ello); ignorar que esos mismos eran los usos vigentes en cualquiera de los regímenes políticos anteriores es simplemente desconocer la realidad Histórica o mentir interesadamente para fines políticos de hoy por asociación. Pero sucedía exactamente igual en cualquier otro país, incluyendo los que se consideraban democracias por antonomasia. Son accesibles a cualquier lector las historias de las torturas durante la persecución de los miembros del IRA o de la banda Baader-Meinhoff, o de las Brigadas Rojas, por citar casos localizables dentro de un contexto general en el que el simple ratero o el estudiante simplemente expresivo recibía, como mínimo, una tanda de bofetadas al poco de llegar a comisaría; de modo similar, han entrado en la Historia con toda la documentación exigible los casos de ejecuciones en las gendarmerías francesas en los primeros años de persecución de los que habían sido colaboracionistas con el nazismo. Y así podríamos mencionar un país tras otro de los tenidos por demócratas sin tacha, o por lo menos de los que entonces se tenían por tales. No puede caerse en el ingenuismo de suponer que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de finales de 1948 fue la causa de que todo eso se dejara atrás. Las ideas contenidas en esa Declaración no se inventaron entonces, ni mucho menos, y circulaban con cierta fluidez, clandestina o no, por todas partes desde un siglo antes; y con ellas conocidas, ni las fuerzas de seguridad ni muchos otros personajes de la política y la Historia hacían caso alguno. No se podría olvidar, por su lado, que la vulneración de esos derechos se contaba como la primera de las armas a manejar por los grupos terroristas y mafiosos contra la población en general, y en general al azar con sus acciones de terror indiscriminado en plazas públicas, o muy concentradas contra cierta persona secuestrada o herida o asesinada en beneficio, según decían, de su causa. Las llamadas a un comportamiento político (que fue a la postre, siempre, antipolítico) que algunos resumieron en la expresión «acción directa» nunca incluyeron respeto en grado alguno a los Derechos Humanos.

Hoy vemos que los que se dicen o se quieren herederos de estos, y que formalmente y por conveniencia aceptan las reglas del comportamiento democrático o simplemente humanitario, no dejan de proponer en cuanto pueden vulneraciones contundentes de esos derechos, empezando por el de expresión, pero con un entorno verbal que suele sugerir un futuro de enfoques amplios de desdén hacia nociones como las de los derechos individuales. Habrá que evaluar el riesgo de dar el poder (democráticamente) a estos grupos; volveremos a mencionarlo algo más adelante, porque no es una cuestión trivial. Con su acción publicitaria y didáctica en las facultades universitarias, consiguen con cierta regularidad pulsátil oleadas de afiliados a los que no se les pide, por otro lado, que sean demasiado conscientes de que lo que están apoyando es al régimen democrático del que disfrutan como una red de minado bajo una muralla urbana en las guerras de hace tres siglos. Otro misterio, a primera vista, es por qué no se exige a estos el comportamiento escrupulosamente respetuoso que se exige a las fuerzas de seguridad.

Estas, en las democracias, como decimos, han experimentado un cambio hace unos cincuenta o sesenta años que nadie había previsto; y, quizá por esa imprevisión, en ese cambio se ha ido en ocasiones, con la intención de proteger las democracias, hasta extremos en los que en lugar de protegerlas se las perjudica y se las debilita. Naturalmente, nunca se deberían recuperar los usos del pasado; pero parte del debilitamiento de nuestras democracias al que hoy nos enfrentamos se debe a la mala interpretación de la tolerancia democrática y el garantismo judicial. Y, por garantismo, es frecuente proteger hasta la impunidad a los que solapadamente buscan reimplantar desde dentro comportamientos sociales y políticos hoy considerados criminales pero aceptados en el pasado, bajo el disfraz de partido político similar a los demás. En medida similar, lo habitual es conocer casos de protección, y en definitiva ayuda, a la difusión de propagandistas externos a la democracia para su labor apenas velada de difundir e implantar leyes, valores y usos de regímenes teocráticos, o reaccionarios o premedievales, con vulneración casi completa de lo que las democracias consideran irrenunciable.